Los mismos derechos con los mismos nombres

Desde hace poco más de dos meses nuestro país debate, primero en el Parlamento y luego en la Justicia, la posibilidad de permitir el matrimonio a las parejas conformadas por personas del mismo sexo.

Durante muchos años el movimiento reivindicativo de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans viene luchando por el acceso a este derecho básico y esencial para nuestras sociedades que hasta hoy tiene negado, desconociendo el Estado argentino todos los tratados de derechos humanos internacionales que cuentan en nuestro país con rango constitucional.

Decía el constitucionalista Andrés Gil Domínguez hace pocos días en el debate parlamentario: "...Si uno analiza el artículo 172 y concordantes del Código Civil, que les dan ciertas atribuciones o facultades en el campo de un derecho fundamental a las personas de distinto sexo y se las niegan a las personas del mismo sexo, observa que se está incurriendo claramente en una omisión inconstitucional e inconvencional porque se está yendo en contra de la fuerza normativa de nuestra Carta Magna y de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos".

En consecuencia, el espíritu de las iniciativas que desde la Federación Argentina Lgbt estamos acompañando en el Congreso nacional, tienden a armonizar los instrumentos jurídicos en nuestro país para evitar las graves incongruencias que se plantean y que tienen efectos negativos para un importante número de personas y sus vidas cotidianas.

Ahora bien, si bien es cierto que la vía parlamentaria se agotó tempranamente por este año, por la falta de consenso hacia el interior de los principales bloques políticos —FPV y UCR—, el fallo de la jueza porteña Gabriela Ceijas —que declaró la inconstitucionalidad del Código Civil en los artículos referidos a los contrayentes— devolvió al centro de la escena este debate por años silenciado, pero con una fuerte demanda por parte de la sociedad civil para habilitar su tratamiento.

Sin lugar a dudas, el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, travestis y transexuales, es uno de los colectivos sociales que presenta un mayor nivel de vulneración, sobre todo por negársenos algunos derechos fundamentales, tales como el derecho a la identidad —a las personas trans— y el derecho a conformar familia con la protección y reconocimiento por parte del Estado en todas las materias que ello implica.

Y sin lugar a dudas también la causa de la diversidad sexual se presenta hoy como una de las que cuenta con mayor consenso social y político a pesar de la resistencia de algunos sectores conservadores que se niegan a ampliar la base de acceso a los derechos, y remover las barreras que aún hoy subsisten hacia las personas de orientación sexual e identidad de género diferente a la heterosexual.

Tan amplio es el consenso que existe en torno a otorgar el derecho a matrimonio a parejas de gays, lesbianas y trans que desde esos mismos sectores conservadores —que hasta hace pocos años negaban completamente la posibilidad de otorgar derechos a las parejas de la diversidad sexual— y ante la inminencia del acceso a la igualdad por parte del colectivo LGBT, ofertan ahora lo que hasta ayer combatieron: la Unión Civil nacional.

Matrimonio e igualdad.

Ante la aparición en escena de la propuesta de Unión Civil nacional —que diversos sectores conservadores defienden y sostienen por estos días— me preguntaba si la lucha por la igualdad se restringía sólo a los derechos concretos o iban más allá, a sentar las bases para que la igualdad jurídica sea sólo la base para la igualdad social.

Y reflexionaba sobre lo que el sociólogo Roberto Gargarella denomina "idea boba de la igualdad", que consiste en dar lo mismo a los iguales y lo diferente a los diferentes. Agregaba Gargarella "...a esta idea boba de la igualdad únicamente le interesa cuáles distinciones son moralmente relevantes entre las personas y qué razones hay para tratarlas diferente y de qué

modo hacerlo".

Y frente a este debate me vinieron a la mente algunas escenas de lo que fuera el debate por el derecho a voto para las mujeres en nuestro país en las primeras décadas del siglo pasado.

¿Acaso hubiera sido admisible que en ese debate se planteara que había que otorgar el derecho a voto a las mujeres, pero dándole otro nombre? ¿Hubiese admitido una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos que los varones "votaran" y las mujeres "sufragaran"?

El debate es más que por las palabras, evidentemente. El debate es por el fondo, pero también por las formas.

Los mismos derechos requieren ser reconocidos con los mismos nombres. De lo contrario se estaría condenando a una importante porción de la sociedad a acogerse a un instituto jurídico diferente, especial, que segrega y discrimina.

Así lo entendieron y lo entienden numerosos países en el mundo. Hoy ya son ocho los que han permitido el acceso al matrimonio a todas y todos, sin ningún tipo de discriminación.

Pero sin lugar a dudas el caso más emblemático es el de Sudáfrica, un país que conoció bien de cerca la discriminación en los términos más duros.

El matrimonio para las parejas entre personas del mismo sexo se obtuvo en ese país por vía del proceso judicial.

Una pareja de mujeres lesbianas se presentó ante el Tribunal Constitucional (la corte suprema sudafricana) argumentando que si la constitución nacional garantizaba la igualdad de derechos y trato para todas y todos, resultaba inadmisible negar un derecho a una pareja, basándose sólo en la orientación sexual de sus integrantes.

Tras un profundo análisis el Tribunal Constitucional resolvió acompañar favorablemente el pedido de la pareja, ordenar al registro civil celebrar el matrimonio y al congreso nacional sancionar una ley que permitiera a todas las parejas conformadas por personas del mismo sexo contraer matrimonio.

Y el fallo era por demás de claro al respecto para el congreso. La ley no sólo debía permitir el acceso a todos los derechos, sino que debía contener el mismo nombre: matrimonio.

Décadas de discriminación y segregación en Sudáfrica habían sido suficiente. La corte entonces dijo: apartheid nunca más.



(*) Secretario de Vox Asociación Civil.
Secretario General de la Federación Argentina Lgbt

http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2009/12/10/noticia_0034.html