Frente a la discriminación: Políticas públicas LGBT

En el día de hoy tomamos conocimiento de un informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que alerta sobre el aumento de la violencia y discriminación hacia lesbianas, gays, bisexuales y trans en los 25 países de la Unión.
De acuerdo a lo expresado por la ADF diversos episodios de “incitación al odio”, a los que considera "un fenómeno especialmente inquietante dado que ejerce un efecto negativo sobre la opinión pública y da pábulo a la intolerancia".
Por otra parte resalta que “en algunos países los representantes de la Iglesia se implican en los debates sobre los derechos de los homosexuales y a menudo se movilizan y luchan contra el acceso a estos derechos".
También desde el informe se exige a los Estados miembros que se aseguren que los programas escolares incluyan las cuestiones de orientación sexual donde el colectivo aparezca representado con respeto y dignidad, que se protejan a los alumnos contra episodios de acoso e intimidación y se proporcione a los jóvenes de diversas identidades sexuales la información necesaria para que no se sientan discriminados.
El informe señala también graves problemas en los ámbitos de servicios sanitarios y laborales entre otros y plantea la necesidad de promover políticas activas a favor de la igualdad para el colectivo LGBT.
Esta grave situación que revela la ADF debe llamarnos a una profunda reflexión ya que habla a las claras de un recrudecimiento de la discriminación en un continente en donde desde hace años los Estados en todos sus niveles promueven acciones afirmativas a favor de la diversidad sexual y han sancionado legislación que ha ampliado el acceso a la ciudadanía a las personas de orientación sexual e identidad de género diferente a la heterosexual.
Entonces ante estos hechos podremos comprender cuán grave se torna la situación para el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y trans en nuestros países donde no solo se vulneran derechos humanos básicos sino que los estados presentan déficits en la implementación de políticas públicas inclusivas de los diversos grupos vulnerados en sus derechos.
Es por eso que debemos tener más claro que nunca que ante la discriminación, que adopta diversas formas y se expresa en diferentes espacios, nuestros Estados deben promover políticas públicas afirmativas que promuevan acciones y programas que aporten a la construcción de una ciudadanía plena para todas y todos.
En este sentido entendemos que una política pública dirigida al colectivo LGBT deben contemplar:
- Promoción de la igualdad y la no discriminación hacia personas de orientación sexual diferente, garantizando el más alto nivel de inclusión por parte del Estado en todos sus niveles.
- Prestación de servicios especializados dirigidos a la población LGBT que contemplen asesorías jurídica y psicológica y promoción de acciones de inclusión educativa y laboral entre otros.
- Difusión de información precisa y clara que permita desmontar mitos y prejuicios en relación a la orientación sexual e identidad de género.
- Producción de conocimiento en relación a la temática para el diseño de políticas vinculadas al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
- Accesibilidad a todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, pero especialmente a aquellas de menores recursos, a los servicios de salud, culturales, deportivos, educativos y recreativos.
- Fortalecimiento de las organizaciones que trabajan la temática específica y articulación entre la sociedad civil y el Estado.
Es claro que sólo a través de la estrategia de la política pública podremos modificar una historia de vulneración y negación de derechos hacia el colectivo LGBT que en nuestros días no podemos seguir consintiendo.
Y es claro también que es el Estado quien tiene la responsabilidad indelegable de promover y garantizar la protección legal de las familias de la diversidad, reconocer el derecho a la identidad de las personas trans, incorporar una perspectiva LGBT para el acceso y permanencia de todas y todos en los servicios sanitarios y consagrar el derecho constitucional a un trabajo digno.
Sólo así podremos construir una sociedad donde quepamos todas y todos.

Esteban Paulón
Secretario VOX Asociación Civil
Comisión Directiva Federación Argentina LGBT
(0341) 156 068171

:: Ser pobre y homosexual en la Argentina de hoy es delito ::

El pasado domingo 15 de marzo nos enterabamos a través de una publicación periodística que el Fiscal provincial Carlos Romero, en un escrito judicial referido a los testimonios de dos imputados en una causa por un robo en un colegio religioso de la ciudad de Santa Fe, había considerado la orientación sexual de uno de ellos como factor excluyente en la comisión del delito y en la veracidad de sus dichos.

“El joven delincuente reúne elementos de marginalidad muy notorios: a su inmadurez, se le endosan un estado de cuasi abandono, su inclinación sexual hacia los hombres y su ‘trabajo’ de sexo a cambio de dinero” escribió la pluma del Dr. Romero, poniendo en evidencia una realidad a la que cotidianamente lesbianas, gays, bisexuales y trans nos enfrentamos en todo el país: el prejuicio y la discriminación.

El "joven delincuente" evidentemente las tenía todas, de acuerdo a la particular mirada del Fiscal. Era pobre y tenía una "inclinación" un poco peligrosa. Además cambiaba sexo por dinero. Demasiados pecados para consitar la escucha atenta y desprejuiciada del Dr. Romero. Su testimonio, no valía nada.

Y el combo de condiciones que el "joven delincuente" llevaba consigo era motivo más que suficiente para hacer un rápido análisis y sacar conclusiones. Pobre Justicia si está en manos de personajes como este, que corren su velo que debiera garantizar imparcialidad para aplicarla de acuerdo a la cara, la ropa, la "inclinación", el trabajo y el estrato socioeconómico de quien debe ser juzgado.

Precisamente la Justicia que es la garantía última que tenemos las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país para no ser atropellados por la prepotencia, la intolerancia y la discriminación.

Pero esta situación no es nueva. Día a día las personas de orientación sexual e identidad de género diferentes a la heterosexual debemos superar todos esos prejuicios para lograr un ejercicio pleno de la ciudadanía. Pero esta no es una tarea facil.

Nuestras sociedades, acostumbradas y bien dispuestas a "etiquetar para segregar" ejerce una terrible violencia de múltiples orígenes y tipos que van desde la negación del "ser" del otro o la otra, a la exclusión explícitam de determinados colectivos y grupos del espacio público, institucional, laboral, sanitario, educativo y familiar entre otros.

Y es que las palabras del Dr. Romero no hacen más que llamarnos a una reflexión profunda sobre los tiempos que vivimos.

En un país que se dice "moderno", "progresista" y que consagra las libertades y los derechos más amplios en sus textos legales y constitucionales,¿ somos todas y todos iguales efectivamente? ¿tenemos la posibilidad de ejercer realmente nuestros derechos en pie de igualdad, independientemente de nuestra raza, sexo, religión, orientación sexual, identidad de género, grupo socioeconómico u otros aspectos?

¿Por qué las mujeres en Argentina cobran 30% menos que los varones para un mismo trabajo? ¿Es saludable como sociedad que las personas trans solo tengan oportunidades laborales en el trabajo sexual o la prostitución? ¿Es justo que un niño o niña gay, lésbiana o trans sea expulsado de su hogar? ¿Se justifica la violencia hacias la personas de la diversidad sexual en las escuelas, clubes y espacios público? ¿Se puede ser igual o prentender igual ejercicoo de derechos si uno o una es gay, lesbiana, trans y además suma a esa condición una situación de marginalidad y pobreza?

Parece que el Dr. Romero, fiscal de nuestra provincia de Santa Fe, tenía las respuestas a todas estas preguntas, o al menos a la última de ellas: Acá ser pobre y gay es sinónimo de delincuente.



Esteban Paulón
Secretario de VOX
Asociación Civil que lucha por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, travestis y transexuales